Michoacán entre las 10 entidades peor administradas del país

Por los contratos crediticios que se autorizaron al Gobierno del Estado por parte del Poder Legislativo con diversas instituciones bancarias, el Ejecutivo pagará 635.9 millones de pesos de intereses por dichas adquisiciones y solo 395.5mdp irán directo al monto adeudado.
El diputado único de Movimiento Ciudadano (MC), Daniel Moncada Sánchez, refirió que existe una irresponsabilidad del Gobierno del Estado al adquirir empréstitos con intereses elevados, endeudamiento que además no ve reflejado en obras públicas, así como establece la Ley de Deuda Pública del Estado.
En ese sentido, reveló que dentro de las obligaciones que se tiene con las diversas instituciones financieras por la reestructuración, se pagarán a Banobras 40.3 millones de pesos por intereses y 5.2 millones a capital; al Banco Dexia se le pagarán 44 millones de interés y 11.9 a capital; con Banorte el acuerdo fue de 27 millones a intereses y 7.3 millones a capital.
Con el Banco del Bajío son 53.8 millones para intereses y 58.9 mdp pago a capital lo acordado; en tanto que con un segundo crédito con Banobras son 63 millones de intereses y 69.3 millones a capital; en Multiva el acuerdo para pago de intereses es 82.9 millones y solo 43 millones para capital de la deuda.
En Interacciones -una de las instituciones bancarias más controvertida por sus altos intereses- el acuerdo por los préstamos es de 116.2 millones de pesosintereses y 123 millones a capital, además de 24.4 millones a intereses y 25.5 millones a capital, esto último forman parte de un segundo crédito con la institución.
El legislador señaló que con Banobras se tiene además diversas disposiciones por el pago de un crédito de 4 mil millones de pesos por los cuales se pagan 184.3 millones de interés y 51.4 millones a reducir lo adeudado.
Asimismo, Moncada Sánchez recordó que Michoacán se encuentra entre las 10 entidades peor administradas en el país, debido a la forma en que se dirigen los recursos financieros del estado, esto dado a conocer por el Indicador de Mala Administración Gubernamental (IMAG), apoyado con cifras del INEGI, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO).

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