Transcurridos 4 meses de emergencia sanitaria el gobierno mexicano ha tomado diversas medidas para sortear la crisis ocasionada por el SARS-COV2, comparable en cuanto a dimensiones e impacto con la crisis inmobiliaria del 2008, que, por un lado, han sido aplaudidas por algunos empresarios y banqueros al mismo tiempo que son detestadas por algunos monopolios pero que, por otro lado, se han merecido el desprecio de la clase obrera que participa en actividades económicas tanto esenciales como no esenciales. Para estos últimos, los trabajadores, las alternativas aplicadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a partir del 21 de marzo bajo la iniciativa de “Juntos por el trabajo” no han significado una garantía de estabilidad en el empleo y mucho menos una solución efectiva a los diversos conflictos en las relaciones de producción que ha ocasionado la pandemia en todas las regiones económicas del país.

En cuanto a la iniciativa de Juntos por el trabajo podemos destacar el objetivo principal y secundario: El principal consiste en sacar provecho a la jornada de sana distancia a través de una plataforma digital que contiene material, herramientas y cursos de capacitación en línea y; el secundario, en apoyo a los trabajadores, consiste en proporcionar algunos consejos para defender en conjunto el trabajo. Con relación al objetivo secundario la STPS y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) desarrollaron un particular esfuerzo, para que los trabajadores que han reportado afectaciones laborales durante la emergencia sanitaria puedan presentar su queja de forma digital, con la creación de un nuevo sistema informático: la “Procuraduría Digital de Atención al Trabajador COVID-19”.

Algunos de los principales motivos que dieron pie al surgimiento de ésta nueva Procuraduría Digital fueron las medidas emitidas, a través de su Boletín Laboral Número 035/2020, por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que suspendieron a partir del 23 de Marzo hasta nuevo aviso diversos procedimientos necesarios para la administración de justicia en materia laboral. Lo anterior no solo provocó contratiempos en diversos procedimientos de huelga sino que también escamoteó la defensa del trabajo a título individual; en consecuencia se acentúo el riesgo de ser afectado por un despido injustificado y la nula respuesta de las autoridades laborales para garantizar condiciones de higiene y seguridad en los centros de trabajo durante la pandemia. Por lo mientras las oficialías de partes continúan de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas acumulando nuevas demandas individuales y colectivas.

Por otro lado, dar seguimiento y brindar acompañamiento de manera digital a los reportes de afectación laboral que presenten los trabajadores a causa de acciones unilaterales e injustificadas de los patrones no da ninguna garantía ya que las buenas intenciones de priorizar la concertación y el dialogo entre el capital y el trabajo de modo que puedan llegar a un acuerdo de beneficio mutuo y así evitar entablar un litigio, que según los pronósticos se desahogaría en su totalidad en algún futuro lejano sin fecha cierta, no tiene otro fin, según la STPS, que el de asegurar la viabilidad de las empresas como para conservar las fuentes de empleo; lo cual no significa garantía alguna de evitar el despido pero si tal vez de ser indemnizado o reinstalado pero con prestaciones menores a las que se tenían antes del conflicto.

En efecto, la Procuraduría Digital se creó para calmar los ánimos y atemperar los crecientes choques de clase puesto que en el desarrollo de la emergencia sanitaria han ido en aumento los contagios relacionados con el trabajo, despidos injustificados, entre otras acciones unilaterales que realizaron las empresas para salvaguardar las fuentes de empleo aunque eso signifique arrojar a la miseria a miles de personas que de por si antes de que estallara la crisis ya no tenían otra opción más que la de trabajar en un régimen laboral injusto que en la mayoría de los casos no respeta lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

En conclusión actualmente la Procuraduría Digital, a pesar de contar con el registro de más de 11 mil denuncias digitales, no es un instrumento eficaz que satisfaga las demandas de los trabajadores aislados y desorganizados pero esta situación puede cambiar si encaminamos al conjunto de trabajadores a reorganizarse con la intención resuelta de emprender acciones colectivas de carácter solidario con los afectados mientras se refuerza la defensa del trabajo y lucha por garantizar la salud de la clase obrera con el registro de las quejas en la plataforma digital de la PROFEDET.